Llegó el Momento de Tia María

Llegó el Momento de Tia María

LLEGÓ EL MOMENTO DE TIA MARÍA

– Exigimos al gobierno que cumpla con sus obligaciones.

El proyecto minero Tia Maria, en materia de conflictividad social, no ha tenido nada de extraordinario, que lo diferencie sustancialmente de otros proyectos anteriormente desarrollados y hoy en plena producción; en el Peru y prácticamente en todo el mundo, la minería como otras actividades extractivas goza de enemigos de buena fe, que se resisten por falta de información, desconfianza y/o manipulación y de los enemigos de mala fe, que se oponen por mezquinas razones políticas y/o intereses económicos; sin embargo en todos los países civilizados,  los proyectos con más o menos dificultades terminan por llevarse a cabo, dejando al tiempo que haga su tarea y evidencie los inmensos beneficios tanto para las poblaciones cercanas como para el país en su conjunto. Y de otro lado, en proceso paralelo se van derrumbando los mitos y temores (de buena y mala fe); este es el ciclo de los proyectos en operación en el país y los países mineros, los diferencia solo el tiempo, en los más desarrollados es más rápido y en los menos desarrollados más lento, dependiendo además del nivel cultural, la institucionalidad del país y el involucramiento y compromiso del gobierno de turno.

En el proceso señalado, en las últimas décadas se ha instalado de manera creciente la llamada “licencia social”, que en términos técnicos y legales no existe, pero en los hechos y la realidad si, esta materia no será analizada en esta oportunidad, más allá de reconocerla “fácticamente”.

El viejo dicho “el hombre propone y Dios dispone” nos centra en el sujeto que tiene la responsabilidad de lograr la “licencia social”. Las empresas solicitan una concesión primero para explorar y después si hay éxito, para explotar, en este caso la legislación exige cumplir una serie de requisitos que después de cumplirlos satisfactoriamente, la empresa queda expedita para iniciar la construcción de la mina, este es el caso de Tia Maria, después de obtener la licencia de construcción y más aún con la ratificación del Consejo de Minería. En medio de esta tramitología hay un hito especialmente importante, la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Cuando el Estado aprueba el EIA, significa que lo hace suyo, es decir el Estado GARANTIZA, que el desarrollo del proyecto y su posterior operación no impactará negativamente en el medio ambiente, es decir no pondrá en riesgo la vida y la salud de las personas, la fauna ni la flora (vida humana, vida animal ni vida vegetal) un buen ejemplo de ello es la mina Cerro Verde. 

Pero es el caso, que en la mayoría de ocasiones, como en Tia Maria, un sector de la población (de buena o mala fe), no le cree al Estado y rechaza las GARANTÍAS que ha dado al aprobar el EIA, produciéndose la llamada “negativa de licencia social” llegando al conflicto social. El tema de fondo es la desconfianza que se tiene al Estado y en consecuencia es este (el Estado) quien tiene que revertir el problema, en defensa de su propia credibilidad, la institucionalidad, el estado de derecho, el interés general y el bien común. Sin embargo hay gobiernos que no asumen esta tarea por incapacidad, temor o carga ideológica, sobre todo en épocas de bonanza económica; pero las cosas cambian en épocas de crisis, donde la generación de empleo, la inversión y la recaudación tributaria se convierten en indispensables, insustituibles e impostergables; esta es la etapa y coyuntura en la que Tia Maria deberá hacerse una realidad.

Esta labor urgente que tiene que desarrollar el gobierno no tiene un manual, pero si debería tener lineamientos orientados a generar confianza por un lado y por el otro, bienestar y mejora de la calidad de vida en el corto plazo. En esta línea soltamos algunas ideas:

1- El Proyecto Minero Tia Maria (PMTM) como cualquier otro proyecto extractivo, debe ejecutarse garantizando primero los beneficios del pueblo, antes que los de la empresa y el Estado.

2-  Debe garantizar que no habrá afectación al medio ambiente y en especial a la agricultura.

3- Condiciones:

– Agua en cantidad y calidad suficiente para el consumo humano (nuevo sistema integral de agua y desagüe) 

– Agua en cantidad y calidad suficiente para la agricultura (nueva represa).

– Contratación de un seguro de amplia cobertura que cubra (pague, compense e indemnice) por cualquier afectación a la salud de las personas, así como al agro y ganadería Del Valle de Tambo)

– Monitoreo ambiental permanente y participativo (con representantes de los agricultores) del aire, el agua y la tierra. Con equipos de tecnología de punta.

– Canon adelantado, no se puede esperar tres o más años hasta que la mina comience a producir (fondo de adelanto social).

4- Previamente se debe aprobar un Plan de Desarrollo Económico y Social para la Provincia de Islay, donde se prioricen las obras que demanda el pueblo y se comprometan  las partidas económicas debidamente presupuestadas.

5- Los recursos deben llegar por adelantado vía:

– Presupuesto de los ministerios.

-Fondo de Adelanto Social.

– Aporte unilateral de la empresa.

– Obras por impuestos de la empresa. 

6- El Plan señalado debe priorizar el agua, el agro, la ganadería, la educación, la salud y el turismo.

7- La empresa se debe comprometer a que la mayor parte de los trabajadores tanto de la etapa constructiva como en la operación sean de Islay (con DNI).

8- La empresa debe comprometer un fondo especial para asesorar y capacitar a las empresas locales, actuales y las que formen los emprendedores de Islay, para prestar los servicios que la empresa demande, igualmente en la etapa de construcción como operación (construcción civil, seguridad, limpieza, alquiler de maquinaria, transporte de personas y mercaderías, alojamiento y alimentación, etc.).

Manos a la obra, es momento de presionar y exigir al gobierno, que cumpla sus obligaciones, Arequipa requiere más que nunca trabajo, oportunidades a sus emprendedores y recursos a sus gobiernos locales y regional para mejorar la infraestructura que potencia la competitividad de la región.

Juan Carlos Eguren

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